Por Luis Jijón
Chilpancingo, abril 7, 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, reiteró “el compromiso” de mantener coordinación con el gobierno de Evelyn Salgado Pineda, “privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos” con respeto “a la investidura de quienes integran el Poder Legislativo”.
De acuerdo con un comunicado, la postura del también coordinador de la bancada de Morena se da en el inicio, el mes pasado, del primer periodo ordinario del segundo año legislativo.
El diputado defendió que la coordinación con el Ejecutivo es con el propósito de contar con un marco jurídico acorde con las necesidades de Guerrero.
En este contexto, el diputado comentó que durante el inicio del periodo legislativo se han concretado diversos acuerdos y avances, resultado, dijo, de la disposición de los integrantes del Congreso, el respeto a la pluralidad política y la comunicación entre las coordinaciones parlamentarias.
Destacó que, entre los principales temas aprobados, se encuentra la minuta de reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, así como la modificación al artículo 127 en materia de límites a las jubilaciones y pensiones en el sector público.
Indicó que, además de los asuntos impulsados a nivel federal, el Congreso local ha avalado iniciativas con impacto directo en la población guerrerense, como la derogación de disposiciones del Código Civil que podían interpretarse como permisivas de uniones entre niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se aprobaron reformas a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con el objetivo de fortalecer los criterios de regulación y control de las percepciones bajo principios de legalidad, transparencia y austeridad.
De igual forma, se avalaron modificaciones a la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y a la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de autonomía sindical, además de reformas a la Ley de Salud para priorizar la atención a la salud mental y ajustes al Código Penal.