Chilpancingo, septiembre 28, 2026.— La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lorena Lührs Cortés, propuso reformar la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero para precisar y armonizar las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos.
La iniciativa contempla sanciones por el uso injustificado de personal de seguridad pública como escolta, el pago irregular de remuneraciones y prestaciones, contrataciones motivadas por intereses de negocios, la simulación de actos jurídicos y el incumplimiento de normas en la operación de fideicomisos públicos.
La diputada explicó que la propuesta busca homologar la legislación estatal con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en atención a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la obligación de los Congresos locales de replicar y adaptar el catálogo federal de faltas administrativas graves.
Entre las modificaciones planteadas, en materia de cohecho se propone sancionar la omisión de devolver, dentro de un plazo de 30 días naturales, los pagos recibidos en exceso.
En el caso del peculado, se plantea establecer de manera expresa como conducta sancionable el uso de personal de corporaciones policiacas, de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas para realizar funciones de escolta personal cuando no exista una justificación legal.
La iniciativa también propone incorporar supuestos específicos en materia de desviación de recursos públicos, relacionados con la asignación de remuneraciones, jubilaciones, pensiones, préstamos o liquidaciones sin sustento normativo.
En cuanto al abuso de funciones, plantea vincular las sanciones con conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Además, propone incorporar como falta administrativa grave la simulación de un acto jurídico, cuando se utilicen terceras personas o identidades jurídicas para desviar recursos públicos en beneficio propio o de familiares hasta el cuarto grado.
El proyecto también contempla sanciones por contrataciones indebidas motivadas por intereses de negocios y por incumplimientos de las disposiciones aplicables a la operación de fideicomisos públicos.
Lührs Cortés sostuvo que establecer con claridad las conductas sancionables permitirá dar mayor certeza jurídica a los procesos de investigación y sanción de responsabilidades administrativas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso local para su análisis.