La bancada del PRI en el Congreso local votó en contra de las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028 y establecer la intervención extranjera como una nueva causal de nulidad electoral, al considerar que ambas modificaciones representan riesgos para la democracia y la división de poderes.
Durante la discusión de las minutas enviadas por el Congreso de la Unión, las diputadas María del Pilar Vadillo Ruiz y Beatriz Vélez Núñez fijaron la postura del Grupo Parlamentario del PRI y argumentaron que las reformas podrían derivar en una mayor concentración del poder y debilitar los contrapesos institucionales.
Al razonar su voto en contra de la reforma que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, Vadillo Ruiz sostuvo que, si bien la defensa de la soberanía nacional es una obligación del Estado, el dictamen incluye conceptos ambiguos que podrían prestarse a interpretaciones discrecionales.
La diputada advirtió que posicionamientos de organismos internacionales, medios de comunicación o mecanismos legítimos de cooperación podrían ser utilizados para cuestionar resultados electorales o desacreditar adversarios políticos.
“Todo cambio al sistema electoral debe fortalecer la democracia y garantizar condiciones de equidad para todas las fuerzas políticas, no concentrar el poder ni debilitar los contrapesos institucionales”, expresó.
Asimismo, cuestionó que una reforma de carácter constitucional fuera aprobada sin un proceso más amplio de análisis y consenso entre especialistas, autoridades electorales y fuerzas políticas.
Por otra parte, al fijar postura sobre la reforma judicial, la diputada Beatriz Vélez Núñez afirmó que la propuesta no fortalece la impartición de justicia y, por el contrario, abre la puerta al control político de los tribunales.
Consideró que los cambios aprobados profundizan la incertidumbre jurídica, debilitan la división de poderes y mantienen problemas de fondo que, a su juicio, no fueron resueltos con la reforma judicial impulsada previamente.
También criticó la ampliación de los plazos para la elección judicial y la posibilidad de reelección de magistrados electorales, al señalar que ello genera la percepción de que las reglas constitucionales pueden modificarse en función de intereses políticos.
“La impartición de justicia exige experiencia, mérito académico y autonomía, no popularidad ni subordinación al poder”, sostuvo.
La bancada priista planteó como alternativa fortalecer ministerios públicos, fiscalías, peritos y policías de investigación, además de consolidar un servicio profesional de carrera judicial.
Tras la discusión, las dos reformas fueron aprobadas por mayoría con los votos de Morena, PT y PVEM, mientras que los legisladores del PRI y PAN votaron en contra.