Plantean retomar “Mochila Segura” en Guerrero

Chilpancingo, abril 22, 2026.- La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Pilar Vadillo Ruiz, planteó retomar el programa Mochila Segura en escuelas de Guerrero, ante falsas alarmas de situaciones de riesgo en planteles y hechos de violencia en otras entidades.

A la diputada se le consultó sobre la amenaza de un supuesto tiroteo en la Secundaria Raymundo Abarca Alarcón el martes, lo que generó que fuera evacuada, y que se suma a un hecho similar registrado en la ESFAID, a finales de enero.

Al respecto, la diputada consideró que se debe retomar el programa Mochila Segura en la que participan autoridades de seguridad pública y educativas.

“Estoy convencida de que se debe reanudar, a pesar de que hay grupos de padres de familia que argumentan que se invada el espacio privado de sus hijos. Hay que revisar las mochilas de los jóvenes porque muchas veces a espaldas de los padres, toman decisiones equivocadas”, sostuvo.

En relación con la resolución en 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional dicho programa por no contar con un marco legal que lo sustente, luego de la inconformidad de padres de familia.

La diputada consideró que es necesario modificar el criterio que aplicó la SCJN.

“Se vulneran los derechos de manera más terrible cuando se consume los actos delictivos, habrá que poner en una balanza que es más conveniente”, sostuvo.

En el caso de la secundaría Raymundo Abarca Alarcón, la Secretaría de Seguridad Pública informó que, en atención a un reporte por una posible situación de riesgo el martes, acudieron a la escuela y tras la intervención, verificación y revisión en el plantel, se descartó cualquier situación de riesgo para la comunidad escolar, determinándose que el hecho correspondió a una broma.

El programa Mochila Segura fue implementado en Guerrero en 2017, como parte de una estrategia para prevenir el ingreso de armas y drogas a los planteles escolares mediante revisiones entre autoridades y padres de familia.

A nivel nacional, el operativo se aplicó desde años atrás, hasta que en 2021 la SCJN lo declaró inconstitucional por carecer de un marco legal específico.

 

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