Por Luis Jijón
Chilpancingo, julio 9, 2026.- La alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, consideró que el auditor superior del estado, Marcos César París Peralta Hidalgo, debería renunciar o ser removido del cargo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) carecía de facultades para fiscalizar recursos federales ejercidos por el ayuntamiento.
A través de sus redes sociales, la también aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura sostuvo que la resolución del máximo tribunal confirma que la ASE actuó sin competencia al iniciar la revisión de 898.6 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) correspondientes a la Cuenta Pública 2023.
“Por todo lo anterior, del titular de la ASE, César Paris Peralta, lo conducente sería aguardar su cese o al menos su renuncia, pues el fallo de la Corte demuestra que no tiene la capacidad para ocupar un cargo tan honorable e importante para la vida pública de nuestro estado”, expresó.
López Rodríguez afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó oportunamente esos recursos y que las 511 obras ejecutadas con ese presupuesto fueron entregadas a la ciudadanía, además de que la información correspondiente es pública.
La morenista sostuvo que, pese a la sentencia de la Suprema Corte y a las auditorías realizadas por la ASF, continúan los intentos por desacreditar su administración.
“Esto nos lleva a considerar que la acusación no fue producto de desconocimiento, sino de dolo y formó parte de una campaña de desprestigio que continúa”, señaló.
El pasado lunes, el Pleno de la SCJN invalidó el procedimiento de fiscalización iniciado por la ASE contra el Ayuntamiento de Acapulco, al concluir que la revisión de aportaciones federales corresponde de manera exclusiva a la ASF.
La controversia surgió después de que la ASE intentó auditar el ejercicio de 898.6 millones de pesos del FAISMUN correspondientes a 2023. Ante la negativa del ayuntamiento de entregar la documentación requerida, el órgano fiscalizador presentó una denuncia contra López Rodríguez por presunto ejercicio ilícito del servicio público.
Sin embargo, con la resolución de la Suprema Corte, el procedimiento de fiscalización promovido por la Auditoría estatal quedó sin efectos.