Por Luis Jijón
Chilpancingo, 28, 2026.- Las observaciones detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2024 corresponden a cuestiones administrativas y no a desvíos de recursos, afirmó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Marcos César Paris Peralta Hidalgo.
En declaraciones este miércoles, el auditor explicó que se trata de irregularidades en procedimientos internos y aseguró que no se han identificado en esos casos situaciones de desvío de recursos.
“Son temas menores de los Órganos Internos de Control de cada una de las dependencias, temas de carácter administrativo: que hicieron mal un procedimiento, que no convocaron a sesión de comité, cuestiones de ese tipo. No hay tema de desvíos, que eso sería grave”, declaró.
El auditor aseguró que en Guerrero “va bien en su rendición de cuentas en los Poderes”.
“No hay tema de desvíos que eso sería grave, son temas de circunstancias administrativas”, aseguró.
El 20 de octubre, el Pleno del Congreso local aprobó la Cuenta Pública 2024 del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con 37 votos a favor y uno en contra.
La diputada panista María Irene Montiel Servín votó en contra al argumentar que existían mil 874 observaciones sin atender, por lo que solicitó a la ASE un informe sobre su estatus.
Al respecto, el auditor afirmó que el número de observaciones son menores ya que algunas fueron solventadas, aunque no precisó cuántas permanecen pendientes.
Indicó que la información solicitada por la diputada sería entregada a través de la Comisión de Vigilancia y Evaluación del Congreso, conforme al procedimiento establecido en la normativa del Legislativo.
Sobre el tema relacionado con el presunto cobro irregular de cheques en el Congreso y si la ASE intervendrá.
El auditor precisó que el tema se revisará hasta 2027, cuando fiscalice la Cuenta Pública 2026.
“En este momento, de acuerdo a la atribución legal de la ASE, nosotros auditamos Cuenta Pública; tendremos que revisar este tema en 2027, porque así lo marca la ley”, respondió.
Dijo que por ahora el tema lo revisa la Fiscalía General del Estado (FGE), “cada institución debe actuar conforme a sus respectivas facultades”.
El caso está relacionado con las denuncias de las diputadas morenistas Guadalupe García Villalva y Catalina Apolinar Santiago.