Por Luis Jijón
Chilpancingo, febrero 18, 2026.- El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Jesús Urióstegui García, afirmó que existe una buena relación legislativa con el PT y el PVEM, aunque precisó que la definición de posibles alianzas ante la elección de 2027 corresponde a las dirigencias partidistas.
En medio del bate sobre las posibles alianzas rumbo al proceso electoral local, el diputado sostuvo que es respetuoso de las decisiones internas de Morena y reiteró su respeto hacia las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
“Ya tocará al partido en su momento definir estos procesos”, expresó, al señalar que desde el Poder Legislativo mantienen una relación institucional con todas las bancadas.
Urióstegui García indicó que, por ahora, la prioridad del Congreso es atender la agenda legislativa con el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones en marzo, que incluye leyes secundarias de recién reformas armonizadas como la Judicial.
El Congreso local tiene pendientes las adecuaciones a las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial. El Poder Legislativo tiene un plazo de 180 días para realizar los cambios correspondientes que vencen a finales de este mes.
Entre las normas que tendrían que modificarse se encuentran la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como reglamentos internos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
La reforma constitucional establece que en el proceso electoral 2026-2027 se renovarán la totalidad de los 25 magistrados del TSJ, los cinco integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial y los 74 jueces de primera instancia, además de que desaparecerá la figura de los jueces de paz.
Otro asunto pendiente es la liquidación del ITAIGro, tras la reforma que eliminó al organismo de transparencia.
De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo el 13 de agosto, sus funciones serán absorbidas por distintas instancias: en el caso del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; en los órganos autónomos, por sus respectivos Órganos Internos de Control; y en el Poder Judicial, por el Tribunal de Disciplina Judicial.