Por Luis Jijón
Chilpancingo, febrero 27, 2026.- A tres años de la desaparición del “servidor de la nación” Miguel Huerta Torres, privado de la libertad por civiles armados el 28 de febrero de 2023 en la comunidad de Temaxcalapa, Taxco, su hija, Jazmín Huerta, dio a conocer propuestas de iniciativas para modificar el marco legal en materia de búsqueda y sanción de personas en materia de desaparición.
En conferencia esta mañana afuera del Palacio de Gobierno, la joven planteó la creación de un protocolo especial de búsqueda para hombres desaparecidos, al señalar que existen mecanismos como el Protocolo Alba, enfocado en mujeres, y la Alerta Amber para menores de edad, pero no un instrumento específico para varones.
“Las mujeres tenemos el Protocolo Alba, los niños tienen la Alerta Amber, los hombres no tienen ningún protocolo, solo la emisión de una ficha. Cuando un hombre y una mujer desaparecen al mismo tiempo, ¿a quién se le da prioridad? A las mujeres. Yo no estoy en contra de eso, pero a mi papá no se le hizo una debida búsqueda porque es un hombre”, expresó.
Sostuvo que, en muchos casos, cuando desaparece un hombre se le estigmatiza al vincularlo de inmediato con actividades ilícitas.
“Siempre que desaparece un hombre lo primero que se dice es que andaba en cosas malas, pero no siempre es así”, reprochó.
Como parte de sus propuestas, también planteó reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía para obligar a las autoridades a aplicar la búsqueda de hombres con perspectiva de género.
“Cuando hablamos de perspectiva de género erróneamente se considera que solo se trata de darle atención a mujeres; no, se trata de darle a cada quien lo que necesita”, puntualizó.
Además, propuso adicionar el Código Penal para tipificar y castigar el reclutamiento forzado, al advertir que muchos de los desaparecidos son jóvenes de entre 15 y 18 años presuntamente captados por grupos criminales.
Otra de las iniciativas consiste en impulsar en Guerrero una Ley de Declaración Especial de Ausencia, con el objetivo de garantizar los derechos patrimoniales, laborales y familiares de las personas desaparecidas y de sus familias.
Asimismo, pidió aumentar la pena por el delito de desaparición, que actualmente contempla sanciones de 25 a 50 años de prisión.
Jazmín Huerta adelantó que buscará reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Urióstegui García, para presentarle las propuestas.