Chilpancingo, diciembre 11, 2025.- En un trámite fast track, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad cuatro iniciativas enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, orientadas a fortalecer la estrategia estatal contra este delito de alto impacto.
Las propuestas fueron notificadas al Congreso el martes y quedaron aprobadas este miércoles.
Las reformas contemplan modificaciones a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, al Código Penal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley 847 de Ejecución Penal. Los dictámenes fueron elaborados por las comisiones de Seguridad Pública, Justicia y Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Al presentar el primer dictamen, la diputada María del Pilar Vadillo Ruiz destacó que la actualización del marco legal permitirá formalizar la Política Estatal para el Combate a la Extorsión, fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la regulación de la inteligencia policial y garantizar la interoperabilidad tecnológica con sistemas nacionales. La reforma también incorpora Unidades Especializadas en Extorsión y refuerza la profesionalización del personal de seguridad.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano explicó que la derogación de los artículos 243 y 244 del Código Penal responde al nuevo diseño institucional previsto en la legislación federal, y señaló que se añadió un artículo transitorio para asegurar que los procesos iniciados antes de la entrada en vigor del decreto continúen bajo la normativa vigente al momento de los hechos.
Por su parte, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez apuntó que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública otorga nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad Pública, como el diseño y operación de la policía estatal especializada en la prevención y combate a la extorsión, además de mecanismos de coordinación tecnológica para la recepción y seguimiento de denuncias. También se homologan medidas para inhibir señales de telefonía y transmisión de datos en centros penitenciarios.
El diputado Joaquín Badillo Escamilla detalló que la modificación a la Ley de Ejecución Penal busca fortalecer el control tecnológico en los reclusorios para evitar operaciones delictivas desde su interior y avanzar hacia un sistema penitenciario más seguro.