Chilpancingo, junio 1, 2026.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Guerrero García, propondrá al Pleno invalidar el procedimiento de fiscalización iniciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero contra el ayuntamiento de Acapulco por la revisión de 898.6 millones de pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).
El proyecto, programado para discutirse el próximo 6 de julio, concluye que la ASE carece de atribuciones constitucionales para auditar esos recursos federales, ya que esa facultad corresponde de manera exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De ser aprobado por el Pleno de la Corte, el proyecto dejaría sin efectos el procedimiento de fiscalización promovido por la ASE, el cual derivó de la negativa del ayuntamiento de Acapulco, encabezado por la hoy alcaldesa con licencia y aspirante a la gubernatura de Guerrero, Abelina López Rodríguez, a entregar la documentación solicitada para la revisión de esos recursos.
En el proyecto, el ministro sostiene que las aportaciones federales tienen un régimen jurídico distinto al de los recursos estatales y municipales, por lo que los órganos locales de fiscalización no pueden revisar su ejercicio.
“Un órgano de fiscalización local no tiene atribuciones para fiscalizar la totalidad de los recursos asignados y ejercidos por los entes fiscalizables locales. De manera más precisa: las aportaciones federales se encuentran excluidas de dicha facultad”, señala el documento.
Asimismo, argumenta que permitir que órganos estatales fiscalicen recursos federales invadiría competencias reservadas a la Federación y afectaría la autonomía hacendaria de los municipios.
En 2024, la ASE ordenó auditar la Cuenta Pública 2023 de Acapulco respecto de recursos del FAISMUN. Sin embargo, autoridades municipales impidieron la revisión al sostener que únicamente la ASF puede fiscalizar ese tipo de fondos.
Por este caso, la ASE presentó en junio del año pasado ante la Fiscalía estatal una denuncia contra López Rodríguez, por presuntamente negarse a comprobar 898 millones de pesos de presupuesto federal.
La Auditoría acusó a la edil por el delito de “ejercicio ilícito del servicio público y lo que resulte”, esto, por su negativa de solventar la documentación.