Por Luis Jijón
Chilpancingo, mayo 17, 2026.- El presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso local, Héctor Suárez Basurto, informó que revisarán el expediente y solicitarán información a las dependencias correspondientes sobre la propuesta de nombramiento de Saúl Montúfar Mendoza como magistrado provisional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego del oficio de oposición presentado en su contra por un ciudadano.
En declaraciones, el morenista argumentó que la Comisión no puede tomar una decisión sin contar con todos los elementos relacionados con las acusaciones por presunto incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Precisó que, hasta ayer, su Comisión, responsable de emitir el dictamen sobre el nombramiento, no había sido notificada oficialmente del oficio de rechazo, aunque dijo conocer “del rumor” a través de redes sociales.
“Vamos a solicitar la información a las dependencias que corresponda. No podemos ahora tomar una decisión si no tenemos los elementos”, precisó.
Suárez Basurto indicó que la Comisión ya analiza al menos seis propuestas de nombramientos provisionales de magistrados enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
El diputado explicó que como parte del proceso de análisis ya sostuvieron una reunión previa con las personas aspirantes, quienes presentaron ante la comisión sus respectivos planes de trabajo.
Añadió que también se realizarán entrevistas con los integrantes de la comisión antes de emitir el dictamen correspondiente.
El oficio contra el nombramiento de Montúfar Mendoza fue dirigido a la Comisión, la semana pasada, donde se solicita revisar si el perfil cumple con los principios de “honorabilidad y probidad” requeridos para ocupar el cargo de magistrado provisional del Poder Judicial local.
En el documento difundido públicamente, el nombre de la persona remitente aparece testado y se señala que es originaria de Chilapa de Álvarez.
La semana pasada, la gobernadora turnó al Congreso el nombramiento de Montúfar Mendoza como magistrado provisional, con vigencia hasta el 2027, año en que, derivado de la reforma judicial, magistrados y jueces serán electos mediante voto popular.