Por Luis Jijón
Chilpancingo, julio 8, 2026.- Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local se reunieron ayer miércoles con el auditor superior del estado, Marcos César Paris Peralta Hidalgo.
En la reunión privada abordaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) carecía de facultades para fiscalizar recursos federales ejercidos por el ayuntamiento de Acapulco.
Al término del encuentro, el presidente de la Jucopo, Joaquín Badillo Escamilla, informó que tanto la ASE como el Congreso aún no han sido notificados formalmente de la resolución.
“Quiero dejar muy claro que la resolución de la Suprema Corte se va a respetar de manera inmediata”, declaró.
El diputado expuso que será hasta que reciban la sentencia cuando la Jucopo podrá realizar un análisis sobre sus alcances e implicaciones.
Respecto al anuncio del ayuntamiento de Acapulco de promover acciones legales contra el auditor e impulsar su destitución, Badillo Escamilla sostuvo que el Congreso no puede anticipar una postura mientras no exista una notificación formal.
“Nosotros no podemos adelantarnos a juicios; al Congreso no ha llegado nada”, afirmó.
Añadió que durante la reunión también se informó a los diputados sobre el nuevo convenio entre la ASE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual permitirá a la auditoría estatal participar en la fiscalización de recursos federales cuando exista una solicitud expresa de la autoridad federal.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Carabias Icaza, opinó que conocer el expediente será fundamental para entender el alcance de la resolución.
“Es importante conocer cuáles fueron las consideraciones de los ministros para entender las implicaciones que debe tener esta sentencia”, comentó.
Sobre la posibilidad de que el ayuntamiento busque remover al auditor, dijo que hasta el momento “son trascendidos” y de manera formal no han sido notificados de alguna acción.
En tanto, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés calificó el caso como un precedente inédito, al señalar que es la primera vez que un ente fiscalizable promueve una controversia constitucional por una auditoría.
La diputada consideró que la ASE actuó conforme a la interpretación jurídica que existía en ese momento y no con dolo, e informó que los diputados solicitaron al auditor actuar con prudencia y respetar lo que determinó la SCJN.
La resolución corresponde a la controversia constitucional 174/2025, promovida por el ayuntamiento de Acapulco para impugnar la revisión de 898 millones 633 mil 453 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) correspondientes a la cuenta pública 2023.