Por Luis Jijón
Chilpancingo, mayo 29, 2026.- Por mayoría, el Congreso local validó las reformas federales para aplazar de 2027 a 2028 la elección judicial, tanto a nivel federal como estatal. Además, aprobó la modificación constitucional que establece una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera.
En sesión de este viernes, el Pleno desahogó las minutas turnadas por el Congreso de la Unión, como parte del procedimiento legislativo que requiere la aprobación de al menos 17 congresos estatales para su entrada en vigor.
Ambas propuestas fueron avaladas con 34 votos a favor de Morena y sus aliados del PT y PVEM, y siete en contra del PAN y PRI.
La presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Gloria Citlali Calixto Jiménez explicó que la reforma aprobada por el Congreso de la Unión aplaza la elección judicial del 2 de junio de 2027 al 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local.
Destacó la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar metodologías y criterios de evaluación de los comités de los tres poderes, además de la simplificación de las boletas electorales.
En el caso de Guerrero, indicó que se fortalecen los criterios para que las elecciones judiciales estatales repliquen las reglas del ámbito federal, incluyendo bases, etapas, procedimientos, términos, plazos, modalidades, requisitos y duración de los cargos.
Respecto a la reforma que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad electoral, Calixto Jiménez sostuvo que la medida busca proteger la soberanía nacional y fortalecer las instituciones democráticas frente a nuevas formas de injerencia externa. Señaló que existen riesgos como el financiamiento ilícito proveniente del extranjero, campañas de desinformación digital, propaganda encubierta y operaciones de influencia orientadas a manipular la opinión pública y alterar la voluntad ciudadana.
Afirmó que la reforma no pretende limitar la libertad de expresión ni la cooperación internacional, sino garantizar que las elecciones en México sean definidas exclusivamente por los mexicanos y evitar que procesos contaminados por intereses externos produzcan efectos legales.