Por Luis Jijón
Chilpancingo, junio 15, 2026.- La Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses solicitó a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada por el Congreso local, al considerar que representa un retroceso en los derechos político-electorales de las mujeres y vulnera el principio constitucional de paridad de género.
La presidenta de la organización, Muriel Salinas Díaz, informó que la petición fue presentada luego de la publicación de las reformas en el Periódico Oficial del Estado el pasado 4 de junio. Además, adelantó que también solicitarán la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La reforma establece que los partidos políticos deberán postular exclusivamente mujeres en los 20 municipios que nunca han sido gobernados por una presidenta municipal, pero la medida se aplicará de manera gradual durante tres procesos electorales consecutivos.
De acuerdo con lo aprobado, para la elección de 2027 la obligación alcanzará sólo a siete municipios; otros siete serán incorporados hasta el proceso de 2030 y el resto hasta 2033.
Salinas Díaz sostuvo que la medida fue presentada como una acción afirmativa para acelerar la igualdad sustantiva, pero aseguró que en realidad retrasa el cumplimiento de la paridad en los ayuntamientos.
“Una acción afirmativa debe acelerar el logro de la igualdad. Lo que hicieron fue posponerlo hasta 2033”, señaló.
La activista también cuestionó que el Congreso redujera de 33 a 20 los municipios considerados dentro de este esquema, así como las disposiciones que, consideró, limitan las facultades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para adoptar medidas adicionales que garanticen la paridad.
Asimismo, criticó un artículo transitorio que, según explicó, permite a los partidos políticos dejar de observar disposiciones que buscan evitar la concentración de candidaturas femeninas en distritos con menores posibilidades de triunfo.
La reforma aprobada por el Congreso local forma parte de las modificaciones al marco electoral rumbo al proceso 2026-2027, que iniciará formalmente en septiembre y en el que se renovarán la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.