Por Luis jijón
Chilpancingo, abril 9, 2026.- Con 38 votos a favor y seis en contra, el Congreso local avaló la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, que establece un tope a las regidurías, limita el presupuesto de los Congresos locales y reduce el salario de funcionarios electorales.
La minuta, turnada por la Cámara de Diputados, fue respaldada por Morena, PVEM, PT, PRD y MC, mientras que PRI y PAN votaron en contra.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Gloria Citlali Calixto Jiménez, destacó que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “desarticula prácticas históricas de dispendio y garantiza que el servicio público retome su genuina vocación ética”.
Entre los puntos aprobados se encuentra el límite de hasta 15 regidores en ayuntamientos, con una sindicatura; la eliminación de prestaciones consideradas onerosas en órganos electorales; la prohibición de seguros pagados con recursos públicos; el ajuste de remuneraciones para que funcionarios electorales no ganen más que el titular del Ejecutivo federal; así como la reducción gradual del presupuesto del Senado en 15 por ciento durante cuatro años y un tope de 0.70 por ciento del presupuesto estatal para los congresos locales.
Durante la discusión en tribuna, la diputada del PAN, María Elena Montiel Servín, sostuvo que el Plan B “es un caballo de Troya”.
“Bajo el noble disfraz de la austeridad y la reducción de privilegios, se esconde un golpe seco y autoritario al corazón de la soberanía de los estados, y un retroceso que pone en riesgo la imparcialidad, la legalidad y la certeza de nuestras elecciones”, sostuvo.
Del PRI, Alejandro Bravo Abarca, afirmó que el Plan B representa “un retroceso en la consolidación democrática de México y un debilitamiento deliberado de las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres, equitativas y transparentes”.
Por el PVEM, Hilda Jennifer Ponce Mendoza defendió que la reforma “pone orden en el ejercicio del poder público” al corregir “excesos que durante años se normalizaron”.
“No se trata de reducir al Estado, sino hacerlo más útil, al asegurar que cada área cumpla con un propósito”, sostuvo.
En tanto, por el PRD, Robell Urióstegui Patiño señaló que el acompañamiento a la reforma es “responsable, crítico y vigilante” ante los posibles efectos en la representación municipal y el equilibrio institucional.
En ese sentido, advirtió que la reducción en el número de regidurías implica un reto significativo, no sólo en términos de austeridad, sino en la calidad de la representación ciudadana.
Aunque MC votó a favor, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés cuestionó que la reforma no es integral, “y no fue construida con un consenso amplio de una reforma de esta magnitud exigía”.
Por Morena, Héctor Suárez Basurto destacó que el Plan B reafirma el compromiso de la Cuarta Transformación con el pueblo.
“El Plan B es bienestar, austeridad y representa a la Curta Transformación”, sostuvo.
En este sentido, enfatizó que “los recursos públicos, no son patrimonio de quienes gobiernan, sino del pueblo. Su uso debe de estar orientado al interés general”.
Defendió que habrá un ahorro significativo con la reducción de regidurías y sindicaturas, recursos, dijo, que podrán utilizarse en beneficio del pueblo.
Con su aprobación la mañana del jueves, Guerrero se convirtió en el tercer estado del país en validar el Plan B.