Chilpancingo, marzo 6, 2026.-El dirigente del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo Guzmán, llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a asumir con responsabilidad el problema de las desapariciones en el país y en la entidad.
El dirigente consideró que la reciente revisión del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU debe ser vista como una oportunidad para fortalecer las acciones institucionales.
“Estamos frente a un problema real que lastima profundamente a las familias guerrerenses y del país. No se puede minimizar, pero tampoco se debe politizar. Se necesita actuar con responsabilidad, con coordinación y con voluntad institucional”, expresó.
El líder perredista consideró que la participación de la ONU en la revisión de este tema debe asumirse con apertura, como un mecanismo que permita evaluar avances, identificar áreas de oportunidad y fortalecer las políticas públicas en la materia.
“Los organismos internacionales no vienen a señalar por señalar, sino a aportar estándares, metodologías y acompañamiento. Guerrero y México deben asumir esta revisión con seriedad, porque el objetivo común es garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas”, puntualizó.
El dirigente consideró en que se deben de consolidar la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales, así como de fortalecer las capacidades de las comisiones de búsqueda y fiscalías, dotándolas de recursos suficientes y herramientas técnicas.
El perredista llamó “a colocar en el centro a las víctimas y sus familias, privilegiando la empatía, el respeto y la atención integral”.
La semana pasada, el gobierno mexicano rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018.
El gobierno federal sostuvo que si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto – y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada.
De acuerdo con la postura oficial, el Comité omitió considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y rechazó estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.