Por Luis Jijón
Chilpancingo, noviembre 6, 2025.- El Congreso local aprobó por mayoría de votos la Cuenta Pública 2023 de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a pesar de que casi la mitad de las observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) permanecen sin solventar.
De acuerdo con el informe presentado, de 3,454 auditorías practicadas, 2,293 presentaron observaciones, de las cuales solo 581 fueron atendidas, mientras que 1,712 siguen pendientes, lo que representa casi el 50 por ciento de irregularidades sin resolver.
Durante la discusión, la diputada María Irene Montiel Servín (PAN), criticó que la revisión se haya convertido en “un mero trámite administrativo o una aprobación política”.
Montiel Servín señaló que la ASE detectó deficiencias en la adjudicación de contratos y adquisiciones, incumplimientos fiscales, falta de comprobación y justificación en el uso de recursos, así como metas y objetivos poco claros en varios programas públicos.
Además, cuestionó que los organismos descentralizados y fideicomisos hayan ejercido recursos sin contar con la aprobación de sus presupuestos.
La diputada destacó que, de un universo auditable de más de 80 mil millones de pesos ejercidos en 2023, solo se revisó una muestra del 21.67 por ciento, equivalente a 17 mil 487 millones de pesos.
“Sería bueno conocer del total de las 1,712 observaciones sin solventar a cuánto asciende el daño al erario público”, apuntó.
También acusó que dentro del gobierno estatal persisten nombramientos de funcionarios sin el perfil adecuado, recordando el caso del director del Zoológico de Chilpancingo.
El diputado Aristóteles Tito Arroyo, de Morena, reconoció que durante el ejercicio fiscal 2023 el Congreso local, a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue uno de los entes que ejerció un mayor presupuesto, pero que no fue debidamente transparentado.
Detalló que en el caso del Poder Legislativo permanecen dos recomendaciones, dos pliegos de observaciones y cinco promociones de responsabilidad administrativa pendientes de atender.
Asimismo, indicó que el Poder Judicial mantiene tres pliegos de observaciones, cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionadora y una solicitud de aclaración, derivadas de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2023.
El diputado Joaquín Badillo Escamilla, por su parte, informó que, de acuerdo con el informe individual de auditoría del ejercicio fiscal 2023, en el Poder Legislativo se detectaron cinco promociones de responsabilidad administrativa, dos pliegos de observaciones y dos recomendaciones derivadas de presuntas fallas administrativas cometidas por servidores públicos durante ese año.
Agregó que a dichas observaciones se suman cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, sobre las cuales no se cuenta aún con información oficial respecto al estado que guardan.
El legislador recordó que durante 2023 el Congreso local ejerció un presupuesto de 751 millones de pesos, pero que solo se auditó una muestra del 17.19 por ciento de esa cantidad.
“Este Congreso no será ni debe ser omiso bajo ninguna circunstancia; es momento de exigir y de demandar, y debe demostrar que no solamente en los discursos podemos hablar y decir que debemos ser transparentes. El juez, por su propia casa, empieza”, subrayó.
Ante esta situación, Badillo Escamilla anunció que solicitará a la ASE un informe actualizado sobre el estatus de todas las recomendaciones, pliegos de observaciones y promociones de responsabilidad vinculadas con el Poder Legislativo.
La Cuenta Pública 2023 fue aprobada con 39 votos a favor y dos en contra de los diputados Tito Arroyo y Montiel Servín.