Por Luis Jijón
Chilpancingo, julio 2, 2025.- El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena), presentó una iniciativa de reforma al Código Penal, para sancionar hasta con seis años de prisión la construcción en zonas de riesgo.
La propuesta del diputado incrementa también las penas de cárcel para quien realice el cambio de uso de suelo en zonas federales, barrancas, laderas y cauces de ríos.
Al presentar su propuesta en la sesión de ayer miércoles, el diputado argumentó que la iniciativa tiene como objetivo preservar y respetar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como salvaguardar la vida, integridad y patrimonio de las personas que se asientan en zonas irregulares no aptas para el establecimiento humano.
De acuerdo con el diputado, la invasión de estas zonas de alto riesgo constituye para el Estado un problema político, social y económico, ante la destrucción de viviendas y en algunos casos el fallecimiento de personas, tras el paso de fenómenos meteorológicos.
Y a pesar de los programas y campañas de las autoridades para la concientización y creación de marcos normativos y reglamentos que limiten la aparición de asentamientos en zonas de riesgo, “no habido resultados favorables” y de acuerdo con datos del INEGI, el crecimiento de estos núcleos ha proliferado en los últimos 10 años.
En este sentido, propuso la adición del artículo 353 del Código Penal y crea el delito contra el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.
Que se castigará con “una pena de tres a seis años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien, dolosamente, construya, edifique, cerque, instale, fraccione o lotifique en un área irregular o de riesgo para el asentamiento humano, sin el permiso, licencia o dictamen de la autoridad competente”.
También propone reformar el artículo 353 del mismo Código, para incrementar de tres a siete años de prisión (la actual redacción establece de dos a seis años), a la persona física o moral que dolosamente realice el cambio del uso de suelo de una área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Estado, barranca, ladera o cauce de río.
Serán las comisiones de Justicia y Desarrollo Urbano y Obras Públicas las responsables de dictaminar la iniciativa.