Chilpancingo, octubre 9, 2026.- Durante el Parlamento Juvenil realizado este viernes en el Congreso local, participantes plantearon reformas y acciones para atender el desplazamiento forzado por violencia en Guerrero, desde el endurecimiento de penas cuando afecte a comunidades indígenas y afromexicanas hasta la protección de mujeres víctimas y la continuidad educativa de menores desplazados.
Eder Oswaldo Cruz Pérez propuso aumentar las penas por el delito de desplazamiento interno forzado cuando las víctimas pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas.
Explicó que la legislación contempla agravantes cuando las víctimas pertenecen a determinados grupos en situación de vulnerabilidad, pero consideró necesario incluir de manera explícita a las comunidades indígenas y afromexicanas.
Por su parte, Leonardo Méndez Jr. abordó las consecuencias de la violencia y el desplazamiento en la educación, al señalar que la deserción escolar no puede atenderse sólo desde las aulas, sino que requiere acciones coordinadas en materia de salud, seguridad y bienestar social.
Como ejemplo, mencionó el caso de Guajes de Ayala, en Tierra Caliente, donde, dijo, los maestros huyeron debido a la violencia y los menores perdieron un ciclo escolar completo.
Añadió que no hubo brigadas de salud para detectar posibles afectaciones emocionales ni apoyos suficientes para las familias.
Ante este panorama, propuso crear un Consejo Estatal de Permanencia Escolar que articule a las instituciones de educación, salud, seguridad, bienestar y al DIF.
En tanto, Yadanis Liquidano Hernández planteó fortalecer los mecanismos de orientación y protección jurídica para las mujeres víctimas de desplazamiento interno, quienes, dijo, pueden enfrentar riesgos específicos, como pérdida de documentos de identidad, vivienda, patrimonio y empleo, además de dificultades para acceder a servicios.
Señaló que Guerrero cuenta con la Ley número 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno, y destacó que la actualización del marco jurídico estatal representa una oportunidad para reforzar la protección de las mujeres.
Entre sus propuestas, planteó ofrecer orientación jurídica gratuita, acompañamiento para recuperar documentos de identidad y acceder a vivienda, así como proteger los bienes y el patrimonio de las mujeres desplazadas.