Chilpancingo, septiembre 8, 2026.- La diputada de Morena, Aracely Ocampo Manzanares, propuso reformar la Constitución de Guerrero para establecer que quienes aspiren a la gubernatura del estado no hayan adquirido otra nacionalidad.
La iniciativa modifica la fracción I del artículo 75 de la Constitución Política local Soberano, que establece los requisitos para ser gobernadora o gobernador.
De aprobarse la reforma, se establecería que para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo estatal se deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos civiles y políticos y no haber adquirido otra nacionalidad, en términos de la Constitución federal y la Ley de Nacionalidad.
La propuesta también contempla que, cuando otro Estado considere a una persona como nacional por nacimiento, deberá acreditar, antes de la aprobación del registro de su candidatura, el certificado de nacionalidad mexicana y las renuncias y protestas correspondientes conforme a la legislación aplicable.
Al presentar la iniciativa, Ocampo Manzanares sostuvo que la gubernatura no es un cargo administrativo ordinario, sino la titularidad unipersonal del Poder Ejecutivo estatal, con responsabilidades relacionadas con la conducción de la política interior, la seguridad pública y las relaciones institucionales con la federación y otras entidades.
Por ello, sostuvo que existe una relación relevante entre la condición jurídica de nacionalidad y la independencia en la toma de decisiones de quien encabeza el Poder Ejecutivo.
La diputada señaló que la propuesta debe entenderse como una “garantía institucional preventiva” y no como una presunción de deslealtad hacia las personas que cuenten con vínculos de nacionalidad con otro país.
Según la iniciativa, el objetivo es reducir la posibilidad de que quien ocupe la gubernatura tenga vínculos jurídicos de nacionalidad con otro Estado y, con ello, fortalecer la independencia institucional en el ejercicio del cargo.
La iniciativa presentada en el Congreso local es similar a una propuesta de reforma impulsada a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, relacionada con los requisitos de nacionalidad para ocupar determinados cargos públicos.