Por Luis Jijón
Chilpancingo, agosto 4, 2026.- El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, planteó la necesidad de abrir un proceso de reflexión para revisar el alcance del fuero constitucional en Guerrero, al considerar que la legislación vigente protege en exceso a los servidores públicos de elección popular.
Entrevistado en Acapulco sobre temas de seguridad, el funcionario sostuvo que el fuero en Guerrero es el único del país que impide a las autoridades actuar de manera inmediata cuando representantes populares son señalados por la presunta comisión de delitos.
“Deberíamos entrar en un proceso de reflexión sobre quienes tienen una representación por elección popular para acotar el fuero constitucional. El fuero en Guerrero es excesivamente protector; es el único a nivel nacional que no permite la actuación de la autoridad cuando quienes tienen una representación incurren en actos fuera de la ley”, afirmó.
Rodríguez Cisneros aclaró que su propuesta no consiste en eliminar el fuero constitucional, sino en revisar sus alcances para evitar que se convierta en un obstáculo en casos de delitos graves.
“Hay que hacer una valoración; no hay que eliminar el fuero, sino reflexionar de qué manera se puede acotar para que quienes cometan delitos de alto impacto, como secuestro, extorsión u homicidio, puedan ser detenidos por la Fiscalía local sin necesidad de recurrir al Congreso (para solicitar el juicio de procedencia)”, expresó.
La Constitución local establece que, para proceder contra determinados servidores públicos con fuero, es necesario que el Congreso apruebe previamente un juicio de procedencia, mecanismo que suspende temporalmente esa protección constitucional para que las autoridades puedan ejercer acción.
En julio de 2025, la Comisión Instructora del Congreso local declaró improcedente la solicitud hecha por la Fiscalía General del Estado (FGE) para desaforar a un alcalde por el presunto delito de “extorsión por complicidad”, del cual, por acuerdo del órgano legislativo, determinaron nunca dar a conocer su identidad.
Actualmente, la misma Comisión analiza una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía en materia electoral contra un servidor público con fuero constitucional por presuntos delitos electorales.